Por Hernán Charosky

En el primer trimestre de 2023 hemos sido testigos en nuestra región del rechazo del orden político por parte de sectores de la sociedad. Se perciben excluidos y protestan con modalidades que infringen la ley, rebasan a las instituciones y, en algunos casos, reciben una respuesta violenta e ilegítima por parte del Estado.

En Brasil vimos cómo los partidarios del ex-presidente Jair Bolsonaro desconocieron la autoridad invadiendo los edificios públicos del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia para expresar su desconocimiento de los resultados electorales. Una maniobra calcada de los partidarios de Trump que, convencidos (sin evidencia alguna) de que su candidato había sido víctima de trampas electorales, irrumpieron violentamente en Capitolio el 6 de enero de 2022.

En Perú, el ex-presidente Pedro Castillo fue destituido luego de que comunicara públicamente su intención de cerrar el Congreso. Allí se registró cómo amplios sectores que adherían a su liderazgo rechazaron su detención, su enjuiciamiento, demandan la renuncia de todas las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo y que se realicen nuevas elecciones. Una diferencia importante es que al menos estas últimas reivindicaciones podrían canalizarse dentro del sistema de gobierno vigente. Bloqueos de rutas, destrucción de propiedad pública y privada fueron algunas de las acciones realizadas por los manifestantes. Actos de violencia estatal injustificada también ocurrieron como respuesta, y el resultado supera los 50 ciudadanos peruanos muertos. La respuesta violenta del Estado y su resultado trágico aceleran un espiral de confrontación y de no reconocimiento.

Jair Bolsonaro es un líder de derecha, Pedro Castillo, de izquierda. Seguramente son profundas las diferencias entre los dos fenómenos. En lo que coinciden es en que los protagonizan sectores que no reconocen a las instituciones y muestran que las ideologías y las narrativas pueden diferir, pero hay un problema nuevo que enfrentan estas y otras sociedades. Sectores relevantes ya no se sienten interpelados por la ley y la autoridad democrática, sino más bien excluidos. Se perciben legitimados para un ejercicio de la rebelión contra la opresión. Con razón o sin ella, según diversos puntos de vista.

El problema afecta a la base de la convivencia bajo un orden político. Atravesamos un momento en el que muchas sociedades alrededor del mundo contienen sectores antagónicos. Coinciden en que  desconocen la legitimidad de sus contrarios, se sienten perseguidos por el poder y se consideran excluidos de los dispositivos político-institucionales de los estados democráticos de derecho más diversos. El conflicto se transforma en un antagonismo existencial y no tiene marco para gestionarlo institucionalmente.

Cuestiones político institucionales, como las instituciones electorales y la política interna, cuestiones sanitarias durante la pandemia, como las políticas de aislamiento, uso de barbijo y vacunas, cuestiones como el lenguaje inclusivo, el etiquetado de alimentos, y hasta la familia real británica y los M&M pueden ser campos de enfrentamiento y puesta en juego de las identidades. Se trata de un fenómeno profundo, global y complejo. Posiblemente sea un sinsentido intentar enfrentarlo en su totalidad. Pero es imprescindible pensar modalidades de conversación pública que permitan abordar al menos algunos segmentos de los conflictos de un modo que contribuya a la construcción de un mundo y de un orden en común.

El debate social robusto es la clave en las decisiones de políticas públicas si queremos revertir la tendencia hacia sociedades antagónicas. Es imprescindible contar con la mayor pluralidad posible, la mayor diversidad de argumentos y de opiniones técnicas, abarcar los desacurdos. Esta pluralidad no es espontánea ni depende de las buenas intenciones. Requiere del reconocimiento y la gestión de diferencias, de tensiones y de incompatibilidades. Requiere de metodología.

No se trata en absoluto de tibieza o de equidistancia. No se trata de morigerar las posiciones, o de impostar una falsa concordia. Se trata de acordar buenas prácticas y reglas de juego para la conversación pública que nos permitan escuchar y ser escuchados. No se trata de imponer consensos, sino de mejorar la calidad de los disensos. Lograr que las decisiones se alimenten de evidencias, que el debate tenga referencias para distinguir hechos de opiniones. Existen experiencias alrededor del mundo en las que se han implementado mecanismos para que las instituciones científicas provean de información a los decisores de política pública y a los legisladores, mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre los procesos de toma de decisión, y canales de participación ciudadana para incluir y escuchar las diversas valoraciones. Es necesario avanzar en el conocimiento de estas prácticas e incluirlas en el ciclo de política pública.

Seguramente habrá fracasos y retrocesos al intentar este cambio. Es muy posible que haya temas en los que no sea posible encauzar la conversación de este modo. También será un desafío que estos procesos se adapten al tempo de la política. Pero si los diversos actores políticos, sociales y culturales que participan del espacio de lo público están dispuestos a avanzar en este sentido, seguramente habrá cada vez más procesos de toma de decisión de mejor calidad.