Financiamiento de la política.

Financiamiento de la política.

Por Carolina Fernández Blanco

15 de diciembre de 2024

Polarización ideológica y partidista en la conversación pública.

Durante el último trimestre de 2024, a Hernán Charosky se le encomendó la redacción de un documento sobre dinero y política para el Programa sobre Estado de derecho del Inter-American Dialogue, que se sometió a discusión con referentes del sector privado, activistas de la sociedad civil y funcionarios electorales de la región en un taller de diálogo organizado conjuntamente con IDEA Internacional. Uno de los focos de documento es el problema de la polarización en la discusión pública acerca de la relación del dinero con la política . Este es uno de los ejes del trabajo de Proyecto Disonante: identificar situaciones en las que la solución de problemas específicos se ve obstaculizada por estereotipos, estigmatizaciones, sesgos y falacias producto de posiciones polarizadas.

En el caso del financiamiento de la política, se identifica el problema de la polarización desde dos puntos de vista. Por una parte, la polarización política: la discusión sobre irregularidades en la relación entre el dinero y la política suele estar cargada por la estigmatización de las irregularidades ajenas y la justificación moral de las propias. Así, las irregularidades ajenas son vistas como partes de un esquema mayor de corrupción, y las propias, como datos menores justificables en una lucha contra el mal absoluto.

Por otra parte, hay una polarización ideológica: se debaten las posibles regulaciones a partir de axiomas conceptuales incompatibles. Por ejemplo, la cuestión del financiamiento público y del privado. Existen posiciones completamente contrarias al finaciamiento por parte de empresas y organizaciones del sector privado, que ven en esto una injerencia ilegítima del interés privado en el interés público y que, por lo tanto, deben ser excluidas. Desde este punto de vista, el financiamiento privado sólo puede venir de individuos, y el financiamiento público es clave.

Desde una posición opuesta están quienes sostienen que es inmoral que el Estado financie la actividad de campaña, que ese apoyo financiero debe ser parte del ejercicio de la libertad de expresión y que sólo es legítimo el dinero que los partidos puedan recaudar de sus simpatizantes. Desde esta posición, no sólo debe excluirse el financiamiento público, sino que el aporte por parte de empresas es legítimo y la única limitación debe ser la de la posibilidad de trazar su origen lícito.

En el trabajo realizado para la redacción del documento y para la discusión en el taller de diálogo, desde Proyecto Disonante nos esforzamos por mostrar la relevancia de tener discusiones caso por caso, pragmáticas, que busquen objetivos comunes de las diversas posiciones (como la trazabilidad de los fondos, la necesidad de excluir al crimen organizado) que sean capaces de combinar y compatibilizar posiciones distantes. Esta línea de trabajo continuará durante de 2025 a nivel regional y también en la promoción de actividades en algunos países de América Latina.

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