Por Carolina Fernández Blanco
9 de julio de 2024
Por Hernán Charosky
¿Es el conjunto de demandas y herramientas de transparencia, integridad, acceso a la información y datos abiertos —en suma, el gobierno abierto— políticamente neutral? ¿O puede ser utilizado como arma por cualquier oposición política contra cualquier gobierno en funciones?
Por un lado, estas demandas, derechos, normas y prácticas se originan en las revoluciones democráticas del siglo XVIII. La teología política de la soberanía popular y el ciudadano como gobernante incluye la idea de supervisión pública sobre los asuntos gubernamentales. Los derechos a la libertad de expresión (incluido el acceso a la información) y la libertad de asociación son parte de este ejercicio. Desde esta perspectiva, la apertura es neutral, un ámbito común de derechos e instituciones compartido por todos, sin partidismos.
Por otro lado, las discusiones sobre la transparencia gubernamental inherentemente implican desconfianza en el gobierno y la posible corrupción de los gobernantes. Por lo tanto, estas conversaciones suelen ser promovidas por la oposición o benefician a esta. Los defensores de los gobernantes difícilmente aceptarán demandas de apertura si estas pueden perjudicar a quienes están en el poder, mientras que los críticos demandarán con entusiasmo información sobre cualquier acción gubernamental que sugiera corrupción, mala gestión o desviación del buen gobierno. En este contexto, la respuesta a la pregunta inicial es sí, puede ser utilizada como arma.
En un contexto global de polarización, antagonismo y política de identidades, el debate público puede fácilmente ser dominado por los intereses del gobierno en funciones o la oposición, en lugar de la adhesión a los valores liberales-democráticos. Las discusiones sobre reformas de apertura pueden rápidamente convertirse en batallas políticas contenciosas. Esto es problemático tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, obstaculiza el flujo del debate hacia la transparencia en temas específicos de la agenda pública. A largo plazo, impide la construcción de instituciones con reglas imparciales para todos, socavando la legitimidad de las herramientas que empoderan a los ciudadanos para conocer y controlar.
¿Qué se puede hacer para neutralizar esta tendencia y asegurar la honestidad intelectual e imparcialidad en los debates públicos sobre demandas de apertura inmediatas y la construcción institucional a largo plazo? La respuesta no es fácil ni obvia. Requiere tiempo y recursos para construir un espacio compartido de discusión. Expertos, activistas y líderes políticos, a través de líneas de polarización, necesitan involucrarse en un diálogo a largo plazo. Este diálogo debe emplear metodologías que permitan discutir diversos problemas relacionados con la apertura gubernamental, desde la vida cotidiana hasta los temas más políticamente contenciosos, con el objetivo de alcanzar consensos concretos u optimizar disensos. Los consensos deben llevar a cambios en normas y prácticas, mientras que los disensos optimizados deben llevar a debates despolarizados, donde las diferencias se interpreten constructivamente, permitiendo el diálogo continuo y el respeto por las decisiones.
El ritmo rápido de la política, la necesidad de mostrar logros políticos o el miedo a las diferencias a menudo conspiran contra la inversión del tiempo y los recursos que una propuesta así requiere. Sin embargo, experiencias en diferentes países y áreas de políticas muestran que el pluralismo, los espacios seguros y las herramientas metodológicas pueden mejorar el debate democrático y los resultados de las políticas. Dos publicaciones en las que participé recogen experiencias que prueban características para promover el diálogo políticamente pluralista e incluir a actores con agendas opuestas. Entre estas características, destacan las siguientes:
• Crear confianza personal mutua entre los participantes, enfocándose en problemas comunes y desalentando situaciones dramáticas, parecidas a una asamblea política.
• Toma de notas detallada, transparencia y participación en la elaboración de documentos y actas de reuniones.
• Transparencia, previsibilidad y buena fe en el diseño de una hoja de ruta, reglas del juego y resultados esperados.
• Conciencia de los posibles riesgos y beneficios para los participantes, la medida en que la política restringe su acción y los posibles logros políticos que los hacen más comprensivos.
• Cuando una oficina pública lidera el proceso de diálogo, la metodología y las reglas deben diferenciar la agenda política específica del gobierno del interés común del foro participativo y pluralista.
Estos conocimientos provienen de experiencias en varios países de América Latina, como Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, México y Honduras. En diversas áreas de políticas como derechos sexuales y reproductivos, inclusión racial y de minorías, reglas de campañas electorales, acceso a la información y convivencia social en barrios, los diálogos entre diferentes partidos políticos e intereses sociales han mostrado el potencial de abrazar las diferencias y transformar los conflictos.
Avanzar en una agenda de apertura requiere de una legitimidad social y política amplia. La polarización y la conversación pública incivil dificultan la construcción de tal legitimidad. El partidismo puede utilizar la apertura como arma contra la oposición y hacer que la falta de transparencia sea aceptable para los simpatizantes del gobierno en funciones. Para sostener esta agenda, deben crearse foros donde diferentes identidades políticas y culturales puedan coexistir, construir confianza, descubrir puntos en común ocultos por las guerras culturales y hacer que las opiniones diversas sean una fuente de nuevas ideas y consensos que la gran mayoría, a pesar de sus diferencias, sientan como propios y defiendan.
